La Casación N° 103-2017, emitida por la Corte Suprema, ha establecido Doctrina Jurisprudencial, respecto de la representación del Estado en los procesos:
1) En todos los procesos penales donde figura como agraviada la Sociedad, el representante legal será el Estado, que se apersonará al proceso a través de sus procuradores correspondientes, teniendo todos los derechos del agraviado y actor civil, según sea el caso. 2) En todos los delitos en que el agraviado no sea una persona natural o jurídica; el Estado tendrá tal condición, como sociedad políticamente organizada.
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