El 3er Juzgado de İnvestigación Preparatoria Nacional, hace un análisis del Art. 255 inc. 2 del Código Procesal Penal, precisando los presupuestos que concurren para lograr la variabilidad de las medidas de coerción, señalando:
3.6. En este sentido, se tiene al artículo 253 del Código Procesal Penal, que establece cuales son los principios y finalidad de las medidas de coerción, el artículo 254 se centra en la regulación de los requisitos y trámite del auto sobre la medida cautelar, y el correlativo artículo 255, inciso 2 del mismo cuerpo de ley, invocado por la parte procesal recurrente de Cassina Rivas y que es materia de estudio, asienta el contenido que es propio o genuino del principio de variabilidad -aunque sin entrar a tallar en una mayor discusión epistémica, llena de contenido una regla procesal, que hace concluir a este juzgado nacional que, en esencia se “trata de una fórmula genérica o abierta para fines de la obtención de la libertad procesal, que se insta a petición de parte sea por el procesado o el Ministerio Público o impuesta de oficio, sólo cuando fracasen otras medidas por ausencia de los presupuestos legales” -como en el presente caso ocurrió cuando se pretendió hacer con la postulación del cese de detención domiciliaria por la comparecencia que fue desestimada por su inexistencia legal- por esto, es que la medida cautelar no se constituye en una presentación estática de ley, sino como lo ha referido el Tribunal Constitucional Español, es un derecho que forma parte necesariamente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque ese derecho ha de poder asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia a dictar; si es incapaz de ello, no se trata de una verdadera tutela, sin negar la posibilidad que pueda ser revisable en cualquier momento del procedimiento, pues la regla general es esperar el juicio en estado de libertad y como toda medida cautelar mantenerse con pleno respeto al principio de proporcionalidad.
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