Cuando los elementos valorados como prueba de cargo tienen la misma intensidad que los de descargo se presenta la duda razonable, por lo que corresponde absolver. La Constitución Política del Estado reconoce la garantía de presunción de inocencia, según la cual solo puede emitirse una sentencia condenatoria cuando el despliegue de una actividad probatoria sea suficiente y eficiente, de tal forma que genere en el juzgador certeza plena de la responsabilidad penal del procesado. Veamos la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema: