En la Casación N° 599-2018, la Corte Suprema ha emitido el Auto de Calificación de Casación con fecha 20 de julio de 2018, publicada el 08 de agosto de 2018.
En el presente caso se discute tanto el alcance de las denominadas “diligencias preliminares” (artículo 330, apartados 1 y 2, del Código Procesal Penal) cuanto la determinación plazo de las mismas y sus posibles ampliaciones (artículo 334, apartado 2, del Código Procesal Penal). Cabe agregar que en esta causa las diligencias preliminares se iniciaron el veinte de octubre de dos mil quince y, luego de varias ampliaciones del plazo de las mismas, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dictó la disposición de trece de octubre de dos mil diecisiete que adecuó el plazo máximo de aquellas a treinta y seis meses. Esta decisión de la Fiscalía debe ser examinada, desde la legalidad procesal, para dilucidar su conformidad al ordenamiento.
Las diligencias preliminares, como una fase que discrecionalmente puede disponer el Ministerio Público, está sujeta a su ajuste con el propio Código y a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Este recurso de casación servirá para que la Corte Suprema cumpla su función uniformizadora de la jurisprudencia y defina los alcances de un instituto procesal penal al que el Código Procesal Penal le ha dedicado una regulación abierta. La parte recurrente ha cumplido con señalar las razones del acceso excepcional a la casación y justificar los motivos por los cuales la Corte Suprema debe asumir competencia casacional.
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