La Corte Suprema en la Casación N° 77-2023-Lambayeque, confirmó una sentencia de falsedad ideológica en perjuicio del Estado, declarando infundados los recursos de casación presentados. Los recurrentes argumentaron vulneración a la garantía de debida motivación, señalando que el documento utilizado como prueba no cumplía los requisitos de documento público. La Corte, sin embargo, sostuvo que la Declaración Jurada 1-B, por su función jurídica y la intervención de un funcionario estatal, sí es un documento público. Determinó además que el fallo de la Sala Superior estaba suficientemente fundamentado, descartando cualquier falta de lógica o error en la interpretación que afectara la resolución final.
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